
La crisis de los países latinoamericano referidos a su contexto político y social ha producido por ende transformaciones en materia económica social de los piases que lo integran. Estro se denota en primer lugar evidenciado por la crisis del estado benefactor y la seguridad social, y en segundo lugar, por una reforma social que mantiene entonces estrecha relación con el sistema que adopta el estado para garantizar la seguridad y la asistencia social a la ciudadanía.
Venezuela no escapa a la situación que ha afectado a América Latina, pues las desigualdades sociales siempre han existido, y si se podría decir, que se han ido fortaleciendo independientemente de la política o el régimen imperante, pues se mantiene el mismo subdesarrollo, la corrupción, entre otros. De estos factores nace entonces un nuevo modelo económico-social, que a suvez denota un nuevo capitalismo, que se basa en expandir el mercado, y existe un areducción de las funciones del estado; sin embargo, esto a su vez ha generado, que a pesar de adoptar ese modelo, no se ha cambiado la realidad imperante pues se mantiene una deficiciencia administrativa, un desequilibrio financiero, exclusión de pobres, entre otros que tanto afectan a una Nación y a sus ciudadanos.
Venezuela no escapa a la situación que ha afectado a América Latina, pues las desigualdades sociales siempre han existido, y si se podría decir, que se han ido fortaleciendo independientemente de la política o el régimen imperante, pues se mantiene el mismo subdesarrollo, la corrupción, entre otros. De estos factores nace entonces un nuevo modelo económico-social, que a suvez denota un nuevo capitalismo, que se basa en expandir el mercado, y existe un areducción de las funciones del estado; sin embargo, esto a su vez ha generado, que a pesar de adoptar ese modelo, no se ha cambiado la realidad imperante pues se mantiene una deficiciencia administrativa, un desequilibrio financiero, exclusión de pobres, entre otros que tanto afectan a una Nación y a sus ciudadanos.
Los antecedentes jurídicos - normativos de la seguridad social lo encontramos en el año 1996, cuando verdaderamente se reestructura el sistema de seguridad social en nuestro país. En esta época el presidente de la República para ese entonces Rafael Caldera hace que se inserte a los contentos jurídicos una especie de paquete de leyes tendentes a la seguridad social, pero de carácter privatizantes, situación esta que cambió cuando se adoptó un nuevo régimen político, que por su parte acoge la visión de una seguridad social basada en una concepción estatista.
Las cifras de pobreza en nuestro país siempre han sido alarmantes, pues actualmente versa sobre la cifra del 54% las personas que tiene un ingreso insuficiente, en el sentido de que no alcanzan cubrir la canasta básica, así como también son pocas las personas que tienen acceso a la asistencia del seguro social, tendríamos entonces una cifra de que sólo un 20 o 30% de la población se beneficia de éste (según cifras emitidas por la CTV en el año 2002).
De estas premisas entonces surge la necesidad de reformar la seguridad social en nuestro país, que abarque a los sectores que se encuentran excluidos.
El cuerpo normativo de la seguridad social adopta únicamente un carácter no lucrativo que por ningún concepto acepta la intervención de una iniciativa privada. Es por ello, que actualmente en nuestro país se tienen leyes que centran un contenido ideológico grande, así como una omisión de cooperación privada que la misma OIT recomienda.
Por su parte, el movimiento sindical CTV, destaca que esta ley (Ley Orgánica de la Seguridad Social), tiene muchas dificultades para poder implementarse sus sistemas entre los que se destacan, la existencia de instituciones burocráticas, que a su vez se convierte en ineficiencia y gasto innecesario para el estado. De allí pues, que el sindicalismo Venezolano de la CTV, propone un modelo mixto de pensiones, que a su vez contempla una cooperación tripartita, en la que el estado tendría sólo el deber de garantizar los derechos constitucionales, tal y como fue propuesto en el gobierno de Rafael Caldera.
Finalmente se puede hacer mención a que la propuesta hecha por la CTV, es más beneficiosa para el desarrollo del estado, pues en primer lugar se tendría una cooperación del sector público y el privado, habiendo solidaridad intergeneracional y reparto con capitalización individual, utilizando por ende instituciones más especializadas en la materia, tal y como ocurre en diversos países del mundo. El movimiento sindical Venezolano lamenta que el Ejecutivo Nacional no acepte esa cooperación pues lo que se quiere en todo momento es un desarrollo de la Nación y una garantía del cumplimiento de ese cuerpo normativo que lo que busca es el bienestar del ciudadano en todos los aspectos de su vida.






